La actual situación económica ha tenido entre una de sus más graves consecuencias, la destrucción de un gran número de empleos, lo que ha provocado que muchas familias no puedan atender el cumplimiento del pago de las rentas de arrendamiento o de los préstamos o créditos hipotecarios.
Ante esta situación las Administraciones no pueden permanecer impasibles y deben realizar cuantas actuaciones sean necesarias y tengan a su alcance para dar amparo a los ciudadanos, al objeto de hacer efectivo el derecho a una vivienda.
Desde nuestro Ayuntamiento, conociendo que se acababa de poner en funcionamiento el “Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda” desde la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, nos acogimos a dicho programa sensibilizados por la problemática de que muchas personas pueden perder su vivienda llegando en este caso a estar en situación de exclusión social.
Tras la reunión celebrada el pasado 27 de noviembre de 2013 en Sevilla en la que participaron, entre otros, D. Francisco López Sánchez, Alcalde-Presidente de Pruna y la Sra. Dña. Elena Cortés Jiménez, Consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía , quedó firmado un Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Pruna y la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía que nos permite ayudar a las familias afectadas de nuestro término municipal en cuanto a asesoramiento, a intermediación y a la protección adecuada para prevenir que puedan perder su residencia habitual.
Nuestros vecinos por tanto, podrán beneficiarse de dicho programa sobretodo aquellos que se encuentren ante alguna de estas situaciones:
situación previa a la contratación de una hipoteca
situación en la que se prevé que en el corto-medio plazo existirán dificultades para el pago de las cuotas de la hipoteca
situaciones de endeudamiento sobrevenido, a partir de la pérdida de empleo, en este caso se le asesorará sobre las mejores condiciones en la negociación o liquidación de la deuda contraída
situación que implique la pérdida de su domicilio habitual como consecuencia de una ejecución hipotecaria, situándolas en grave riesgo de exclusión social.
